CARACAS (AP) — El dirigente opositor y exdiputado venezolano Juan Requesens, encarcelado desde 2018, fue condenado el jueves a ocho años de cárcel por el delito de conspiración tras ser vinculado con el atentado que sufrió el mandatario Nicolás Maduro ese año.

En su cuenta de Twitter el abogado defensor Joel García confirmó la condena y adelantó que se reunirá con los familiares del exlegislador para coordinar la apelación del veredicto.

Requesens, de 33 años, fue detenido en un apartamento del este de Caracas el 7 de agosto de 2018 tres días después del atentado con drones que sufrió Maduro durante un desfile militar en el centro de la capital. El mandatario resultó ileso.

El opositor fue imputado por la Fiscalía General de los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento del terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria.

García, también activista de derechos humanos, indicó que la Fiscalía no pudo demostrar su responsabilidad en ninguno de los siete delitos por los que Requesens fue acusado y, en consecuencia, debió “ser absuelto, pero nuestra justicia está secuestrada”.

El tribunal no se ha pronunciado oficialmente sobre la condena de Requesens ni de las otras 16 personas enjuiciadas en relación con el ataque con drones.

“A 4 años del día en el que los enemigos atentaron contra la paz de Venezuela, seguimos firmes, unidos, conscientes y en pie de lucha”, escribió Maduro en su cuenta de Twitter.

Horas después, el fiscal general Tarek William Saab, sin mencionar directamente a Requesens o los otros 16 condenados, indicó que 12 de ellos recibieron condenas de 30 años -la pena máxima contemplada en el país- por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional en grado de frustración, alevosía y motivos fútiles; así como por el lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas.

Las restantes cinco personas fueron condenados a penas de 24, 16, 8 y 5 años por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito de terrorismo y asociación para delinquir, añadió Saab en una rueda de prensa.

El fiscal general destacó que el juicio, que comenzó en diciembre de 2019, contó con 91 audiencias en las que los imputados tuvieron la oportunidad de exponer sus alegatos.

A lo largo del proceso judicial los familiares de Requesens y su equipo legal denunciaron violaciones al debido proceso.

A fines de agosto de 2020 Requesens consiguió el arresto domiciliario y desde entonces se encuentra en su residencia bajo custodia policial.

El beneficio fue otorgado luego de las denuncias de activistas de derechos humanos, abogados y familiares de los llamados “presos políticos” para que los detenidos en la cárcel capitalina de El Helicoide, que funciona en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fueran trasladados a sus residencias para evitar contagios de COVID-19.