Refieren a exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez a la Oficina de Ética Gubernamental

Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP/ WFLA) – Las autoridades de Puerto Rico acusaron a la exsecretaria de justicia por violaciones éticas y obstrucción a la justicia en un caso que involucra a la exgobernadora del territorio estadounidense Wanda Vázquez Garced.

Wandymar Burgos enfrenta una fianza de $15,000 y una audiencia preliminar a principios de junio. Su abogado no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el lunes. Burgos se desempeñó brevemente como secretaria de Justicia antes de renunciar en julio pasado en medio de fuertes críticas.

Antes de dimitir, se había identificado como la persona que recordaba los archivos que estaban a punto de ser entregados al Panel de Fiscalía Especial Independiente de Puerto Rico para una mayor investigación. Uno de esos archivos se llamaba entonces gobernadora Wanda Vázquez.

El Fiscal Especial Independiente presentó denuncias contra la ex secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos por alegada obstrucción a la autoridad pública y refirió a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

También fueron referidos el exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Bathe, a la exdirectora de la Administración de Desarrollo socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez y la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar.

Dicha información surgió en momentos en que La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para el arresto contra la exsecretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, por infracciones a dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental y obstrucción a la Justicia.

Los Fiscales Especiales Independientes Leticia Pabón Ortiz y Miguel A. Colon Ortiz, presentaron tres denuncias contra la licenciada Burgos: 1. Infracciones al Art. 4.2 incisos (b) y (I) de la Ley de Ética Gubernamental 2. Art. 246 del Código Penal de Puerto Rico (Resistencia y obstrucción a la autoridad pública) y la vista preliminar quedó fijada para el 2 de junio.

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