TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – Es posible que haya escuchado que a la seguridad no se le puede poner precio, pero en el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, pareciera que hay una excepción.
Son millones de dólares anuales para su protección y algunos de los contribuyentes como Federico Alves creen que se debe en gran medida a sus aspiraciones presidenciales. “Él como que no sabe que es el gobernador de la Florida, él piensa que es el gobernador de los Estados Unidos o de un país que se llama la Florida (…) Lo que no quiero es que use mi dinero como taxpayer para fingir que es una persona que no es”.
Según el Departamento del Cumplimiento de la Ley de Florida, los costos se han duplicado y han ascendiendo a 9.5 millones de dólares para la seguridad y los viajes del mantadario y de su familia. “¿En qué se está gastando ese dinero? Es imposible, a menos que el gobernador tenga prácticamente un ejército privado (…) ¿En qué se puede gastar tanto dinero en seguridad? ¿En qué?”, sostuvo Alves.
Para los funcionarios, momentos como el vivido en New Hampshire, justifican la necesidad de una mayor seguridad. “Lo que hemos visto en estos últimos años es que republicanos han sido el objetivo de estos ataques personales, estos ataques violentos”, sostuvo Jonathan Torres, miembro del partido Republicano de la Bahía de Tampa.
De hecho, el secretario de prensa de DeSantis rechazó las afirmaciones sobre los supuestos altos costos innecesarios, diciendo que el gobernador se ha convertido en una figura nacional y que sus riesgos de seguridad y la de su familia están en su punto más alto. “Desafortunadamente la política de este país ha llegado a este punto en el que se requiere un alto nivel de seguridad, especialmente para los que se están postulando para presidente”, dijo Torres.
Según ha informado el equipo de campaña de DeSantis, todos los gastos asociados a viajes o a sus apariciones como precandidato presidencial, han sido costeados 100 por ciento con los fondos recogidos hasta el momento, mientras que solo sus apariciones oficiales como gobernador salen de los fondos públicos estatales.
