Juez dictamina contra Florida sobre delincuentes que pagan multas para votar

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TALLAHASSEE, Florida (AP) – Una ley de Florida que exige que los delincuentes paguen honorarios legales como parte de sus sentencias antes de recuperar el voto es inconstitucional para aquellos que no pueden pagar o no pueden averiguar cuánto deben, dictaminó un juez federal el domingo.

El fallo de 125 páginas fue emitido por el juez de la corte de distrito de los Estados Unidos Robert Hinkle en Tallahassee. Se trata de una ley estatal para implementar una medida de votación de 2016 aprobada por los votantes para restablecer automáticamente el derecho de voto para muchos delincuentes que han completado su condena. La Legislatura dirigida por los republicanos estipuló que las multas y los honorarios legales deben pagarse como parte de la sentencia, además de cumplir cualquier tiempo en prisión.

Hinkle ha reconocido que es poco probable que tenga la última palabra en el caso, y espera que la administración del gobernador republicano Ron DeSantis lance una apelación.

El caso podría tener profundas ramificaciones en el crucial campo de batalla electoral dado que Florida tiene un estimado de 774,000 delincuentes privados de sus derechos que están excluidos debido a obligaciones financieras. Muchos de esos delincuentes son afroamericanos y presumiblemente demócratas, aunque no está claro cómo ese grupo de floridanos en general se inclinaría políticamente en una elección y cuántos votarían.

El juez calificó las reglas de Florida como un sistema de “pago para votar” que es inconstitucional cuando se aplica a delincuentes “que de otra manera son elegibles para votar pero que realmente no pueden pagar la cantidad requerida”.

Otra complicación es determinar el monto exacto de las multas y otros tipos de honorarios legales adeudados por los delincuentes que buscan el voto; según algunas estimaciones, los funcionarios electorales tardarán varios años para los que están pendientes ahora. Hinkle dijo que es inconstitucional prohibir a cualquier votante cuyo monto adeudado no pueda ser “determinado con diligencia”.

Hinkle ordenó al estado que exija a los funcionarios electorales que permitan que los delincuentes soliciten una opinión consultiva sobre cuánto deben, esencialmente imponiendo la carga a los funcionarios electorales para buscar esa información de los sistemas judiciales. Si no hay respuesta dentro de tres semanas, no se debe prohibir al solicitante que se registre para votar, según el fallo.

Hinkle dijo que el requisito de pagar multas y restitución según lo ordenado en una sentencia es constitucional para aquellos “que pueden pagar”, si se puede determinar el monto.

El caso, Kelvin Jones vs Ron DeSantis, consolida cinco demandas presentadas por defensores de delincuentes privados de sus derechos.

La medida de la boleta electoral de 2018, conocida como Enmienda 4, no se aplica a los asesinos y violadores condenados, a quienes se les prohíbe votar permanentemente, independientemente de sus obligaciones financieras.

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