MIAMI (AP) — Cinco personas se declararon culpables en el sur de Florida de participar en un esquema de fraude electrónico que creó un atajo ilegal para que aspirantes a enfermeras obtuvieran una licencia y encontraran empleo.
Krystal López y Damián López, ambos del condado de Palm Beach, Florida; Francois Legagneur, del condado de Nassau, Nueva York; Reynoso Seide, del condado de Union, Nueva Jersey; y Yelva Saint Preux, del condado de Suffolk, Nueva York se declararon culpables el miércoles pasado en la corte federal de Miami de conspiración de fraude electrónico. Cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión en una audiencia el 27 de julio.
Un total de 25 personas fueron acusadas a principios de este año en una estafa que vendió más de 7,600 diplomas de grado de enfermería fraudulentos de tres escuelas de enfermería con sede en Florida, según las acusaciones del gran jurado. Las escuelas involucradas, Siena College, Palm Beach School of Nursing y Sacred Heart International Institute, ahora están cerradas.
Durante las audiencias de declaración de culpabilidad, Damian Lopez, Legagneur, Seide y Saint Preux admitieron haber solicitado y reclutado personas que buscaban credenciales de enfermería que les permitieran trabajar como enfermeras prácticas o vocacionales registradas y con licencia. Krystal Lopez admitió que, en su papel como directora de finanzas de la Escuela de Enfermería de Palm Beach, procesó las solicitudes de personas a las que se les emitieron diplomas y transcripciones falsas de la escuela de enfermería y que cada estudiante pagó a la escuela $15,000 por los documentos.
Los diplomas y transcripciones falsos calificaron a quienes los compraron para presentarse al examen de la junta nacional de enfermería. Si aprobaban, podían obtener licencias y trabajos en varios estados, dijeron los fiscales.
Alrededor de 2,400 de los 7,600 estudiantes finalmente aprobaron sus exámenes de licencia, principalmente en Nueva York, dijeron funcionarios federales. Las enfermeras certificadas en Nueva York pueden ejercer en Florida y muchos otros estados. Muchas de esas personas pueden perder su certificación, pero probablemente no serán acusadas penalmente, dijeron funcionarios federales.
