HOUSTON (AP) — Un grupo bipartidista de legisladores de Texas visitó el miércoles a una reclusa latina condenada a muerte cuya ejecución están tratando de frenar en medio de dudas de si ella mató a golpes a su hija de 2 años.

Los representantes estatales Jeff Leach, republicano, y Joe Moody, demócrata, encabezaron a un grupo de legisladores en una visita al penal Mountain View Unit en Gatesville, donde están las mujeres sentenciadas a muerte en el estado. La ejecución de Melissa Lucio está programada para el 27 de abril.

“Es una bendición que tengamos la oportunidad de reunirnos con Melissa, orar con ella, pasar tiempo con ella, y estamos más determinados y comprometidos que nunca a luchar durante las próximas tres semanas para salvar su vida”, dijo Leach a The Associated Press en una entrevista después de la reunión.

Lucio, de 53 años, fue declarada culpable de asesinato que se castiga con la pena capital por la muerte de su hija Mariah en 2007. La fiscalía alegó que Mariah fue víctima de maltrato infantil y que no existe evidencia que exonere a Lucio.

Pero los abogados de Lucio dicen que los jurados nunca escucharon la evidencia forense que habría explicado que las diversas heridas de Mariah fueron causadas por una caída días antes de su muerte. Dicen además que no se le permitió a Lucio presentar evidencia que cuestionaba la validez de su confesión, la cual alegan que no fue realmente una confesión y fue hecha bajo presiones luego de horas de interrogatorio incesante.

Entre quienes tienen dudas sobre la culpabilidad de Lucio están 83 legisladores de Texas, encabezados por Leach y Moody. El grupo bipartidista envió una carta el mes pasado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado y al gobernador Greg Abbott en la que pidió que se aplace la ejecución o se conmute la sentencia. Una portavoz de la oficina de Abbott no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitándole sus comentarios.

Leach dijo que él y otros seis legisladores recorrieron la prisión durante cerca de dos horas antes de reunirse en privado con Lucio unos 40 minutos. La reunión fue reportada primero por The Quorum Report, que cubre política de Texas.

Los legisladores le dieron ánimos a Lucio y hablaron con ella sobre sus esfuerzos por frenar su ejecución, comentó Leach.

“Fue un momento juntos muy, muy dulce, muy poderoso”, agregó.

Tras la reunión del miércoles, Moody tuiteó: “Ella rezó con nosotros y nos abrazó; hoy podría ser el último contacto humano genuino que tenga antes de que el estado la mate”.

Los intentos de frenar la ejecución de Lucio también han recibido el respaldo de la estrella de reality shows Kim Kardashian West y de varios jurados de su juicio que ahora expresan dudas sobre el veredicto.

En un artículo de opinión publicado el domingo en el Houston Chronicle, el jurado Johnny Galvan Jr. dijo que piensa que los jurados no recibieron toda la información que necesitaban para tomar una decisión apropiada y que ahora siente “un remordimiento profundo” por haber sentenciado a Lucio a muerte.

“La idea de que mi decisión de tomar la vida de otra persona no estuvo basada en información completa y precisa en un juicio justo es horripilante. Hay tantos problemas en este caso que pienso que ella no debe ser ejecutada”, escribió.

En el 2019, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito anuló el veredicto contra Lucio, diciendo que se le había privado de “su derecho constitucional a presentar una defensa significativa”. Sin embargo, el pleno de la corte dijo en el 2021 que la sentencia tenía que ser ratificada por razones de procedimiento.

Los abogados de Lucio le habían pedido a la corte de apelaciones que retirara su decisión, pero el pedido fue denegado la semana pasada.

Pero en una nota al pie de su decisión, el juez del 5to circuito Patrick Higginbotham dijo que el caso de Lucio es “un fracaso sistémico, que produjo un tren de injusticia que solamente la mano del gobernador puede frenar”.

Lucio sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer desde 2014. Solamente 17 mujeres ha sido ejecutadas en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó su suspensión de la pena de muerte en 1976. La ejecución más reciente de una mujer fue en enero de 2021.