Los activistas quieren que Biden retire el financiamiento de ICE y revise las políticas de detención de migrantes

Tampa Hoy

Las órdenes ejecutivas y la propuesta de reforma son bienvenidas, pero el presidente debe entregar la legalización y cambiar la cultura en las agencias federales, dicen los defensores.

Inmates walk down a hallway at the Otay Mesa Detention Center Wednesday, Aug. 23, 2017, in San Diego. The facility was at the center of the first big novel coronavirus outbreak at a U.S. immigration detention center in April 2020. (AP Photo/Gregory Bull)

EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – Gustavo Torres recuerda cómo la elección de Barack Obama y un Congreso controlado por los demócratas en 2008 generó esperanzas entre los inmigrantes que carecían de estatus legal en ese momento.

Gustavo Torres

“Controlaron la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, y no cumplieron con nosotros”, dijo el director ejecutivo de CASA, una organización de derechos de los inmigrantes con sede en Maryland. “Espero que no vuelva a ser el caso, espero que esta vez apruebemos una reforma migratoria para 11 millones (de personas)”.

Ese amargo precedente está atemperando las esperanzas de los defensores de todo el país, incluso mientras celebran las órdenes ejecutivas del presidente Biden y el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados que describió esta semana.

Las órdenes ejecutivas de Biden incluyen poner fin a la prohibición de viajar desde países musulmanes, fortalecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y ordenar a las agencias de inmigración que lleven a cabo una revisión de las prioridades de detención y deportación.

También dio a conocer un proyecto de reforma migratoria que otorgaría “tarjetas verdes” o estatus legal permanente a millones de personas en cinco años y les permitiría convertirse en ciudadanos tres años después.

Pero Nanci Palacios, receptora de beneficios de DACA y miembro de La Red de Florida, dijo que ha estado recibiendo llamadas telefónicas de miembros del clero y otros activistas sobre las posibilidades de que la propuesta se convierta en ley.

“Quieren saber qué sigue, cómo podemos hacer que esta administración rinda cuentas. Por muy esperanzados que estén, también están asustados porque les han defraudado tantas veces ”, dijo el activista de inmigración. “Para mí, esto me da mucha esperanza, pero las palabras sin acción no tienen sentido”.

Los activistas también quieren que Biden vaya más allá en materia de inmigración al incluir a las partes interesadas inmigrantes en la revisión de las prácticas de detención y aplicación, retirar fondos a agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE. UU. Y no ceder ante los republicanos que pueden querer más seguridad fronteriza a cambio de su voto.

“La reforma migratoria debe hacerse rápidamente y sin contrapartida”, dijo Patrice Lawrence, codirector de UndocuBlack Network .

Cynthia García, miembro de United We Dream de Oklahoma, teme que las órdenes ejecutivas por sí solas no cambien una cultura agresiva en las agencias federales de inmigración.

“Sabemos que los memorandos por sí solos no cambiarán la cultura en ICE y CBP que han operado sin responsabilidad”, dijo. Biden “debe reducir la financiación y hacerlos responsables del dolor y el sufrimiento”.

García quiere que Biden ordene a las agencias que liberen a los detenidos, elimine los procedimientos de salida voluntaria que son todo menos voluntarios y ponga fin a los acuerdos de cooperación como el programa 287g que convierte a algunos departamentos de policía locales en agentes de inmigración.

“Sabemos que la colaboración entre la policía local e Inmigración se amplió durante la administración Trump, pero ya existía”, dijo. Biden no solo debe impulsar la aprobación del proyecto de ley de reforma migratoria, sino que “si realmente queremos ser serios con estas agencias, debemos retirar los fondos de estas agencias y detener la cooperación de la policía local”.

Jacinta González, organizadora principal de campo de Mijente, una organización de defensa de los latinos, dijo que la revisión de Biden de las políticas de detención y deportación debe ser supervisada por las partes interesadas.

“No podemos confiar en (las agencias federales de inmigración) para que realicen su propia revisión. Las voces de aquellos que se ven directamente afectados deben tenerse en cuenta en cualquier cambio”, dijo González.

Ella pidió una revisión completa del sistema de control de inmigración y el vaciado y cierre de los centros de detención “que han llevado a la separación de familias y la propagación de COVID-19”.

El Pew Research Center estima que el 60% de los inmigrantes indocumentados viven en 20 áreas metropolitanas que incluyen Texas, California y la costa este.

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