Jueza de Florida certifica extradición de exgobernador mexicano acusado de malversar $100 millones

Tampa Hoy

EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – Un juez de instrucción federal certificó el lunes una solicitud del gobierno de México para extraditar al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaquez.

“Considero que la solicitud de extradición satisface los requisitos del Tratado (Estados Unidos-México) y que existe una causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la demanda de extradición”, escribió la jueza magistrada de los Estados Unidos para el distrito sur de Florida, Lauren Louis, en su pedido.

La magistrada ordenó que Duarte permaneciera bajo custodia federal de EE.UU. (Se informó por última vez que estaba en un centro de detención del sur de Florida) en espera de una revisión de la solicitud de extradición por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y una posible entrega voluntaria de Duarte al gobierno de México.

Duarte, gobernador del estado fronterizo de Chihuahua de 2010 a 2016, fue arrestado en Miami el 8 de julio de 2020. Según una denuncia federal, Duarte dirigía transacciones de las cuales él o su familia recibían fondos del gobierno. La mayoría de esas transacciones tenían que ver con subsidios agrícolas y ganaderos que supuestamente terminaron en cuentas vinculadas a negocios asociados con el entonces gobernador en funciones, su esposa, su familia y amigos de la infancia. El monto de los fondos públicos involucrados ronda los $100 millones.

Una orden de arresto federal alega que existe evidencia del fraude para demostrar que el dinero fue a Unión Ganadera Regional y Financiera de la División del Norte, SA de CV

La denuncia afirma que el gobierno de México acusó a Duarte de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba un cargo público (“peculado”) y conspiración criminal. Los documentos de la corte estadounidense muestran que los abogados de Duarte le pidieron a Louis que desestimara la solicitud de extradición con el argumento de que el plazo de prescripción para los presuntos delitos se había agotado en México.

El lunes, sin embargo, Louis escribió que el plazo de prescripción es de hasta ocho años para el cargo de enriquecimiento ilícito debido a la naturaleza agravada del delito. El cargo de conspiración no expira hasta siete años y medio después del hecho debido a la naturaleza agravada de su condición de funcionario público en ese momento, según su orden.

El juez determinó además que era apropiado duplicar el plazo de prescripción a 16 años por enriquecimiento ilícito porque Duarte no se presentó cuando fue citado a la corte y debido a una “notificación roja” de Interpol emitida para el exgobernador el 31 de marzo de 2017.

“Encuentro que, una vez emitida, la orden de arresto mexicana pasó por alto el estatuto de limitaciones… según las leyes estadounidenses y mexicanas, lo que hace que la acusación de asociación (criminal) sea oportuna”, escribió Louis. En cuanto al enriquecimiento ilícito por malversación, “considero que el plazo de prescripción se impuso a la salida del demandado de México en noviembre de 2016 […] y por las razones anteriores, se rechaza la moción del demandado de desestimar la demanda de extradición”.

Louis dijo que su tribunal no estaba determinando la culpabilidad o la inocencia, sino si la solicitud de extradición cumplía con la ley estadounidense y el tratado binacional.

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