McALLEN, Texas ( Border Report ) — Un hombre migrante ha sido sentenciado a 15 años en una prisión federal por posesión de pornografía infantil y por estar en el país ilegalmente, según funcionarios federales.

El juez federal de distrito Randy Crane del Distrito Sur de Texas ordenó el martes a José Ricardo Zamora-Ibarra, de 35 años, cumplir 180 meses de prisión.

En diciembre, Zamora-Ibarra se declaró culpable de descargar más de 250 archivos que contenían imágenes de pornografía infantil utilizando una plataforma de igual a igual, según el Departamento de Justicia.

Zamora-Ibarra había estado viviendo en la ciudad fronteriza de Palmview en el sur de Texas y había sido objeto de una investigación por parte de Investigaciones de Seguridad Nacional, Alguaciles de EE.UU. y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, según un comunicado de prensa enviado por Inmigración de EE . UU. y Control de Aduanas.

“Debido a los destacados esfuerzos de investigación de HSI y nuestros socios federales, este delincuente sexual infantil reincidente cumplirá una larga sentencia en una prisión federal”, dijo Craig Larrabee, agente especial interino a cargo de HSI en San Antonio, en un comunicado. “Nuestros esfuerzos son vitales para proteger a la población más vulnerable de nuestra nación de los depredadores sexuales recurrentes que recorren Internet en busca de víctimas adicionales”.

Según documentos judiciales, se recuperaron imágenes de niños preadolescentes involucrados en actos sexuales de la computadora portátil y el disco duro externo de Zamora-Ibarra. Los archivos incluían nombres como “sexo de niños preadolescentes” y “sexo de niñas preadolescentes”, dijeron funcionarios de HSI y DOJ.

Zamora-Ibarra había sido condenado previamente por agresión sexual de un niño y expulsado de los Estados Unidos, pero volvió a ingresar ilegalmente al país, dijeron las autoridades.

Se le ordenó pagar una restitución de $15,000 a las víctimas conocidas y, después de cumplir su sentencia, se espera que enfrente un proceso de deportación, dijeron las autoridades.

El fiscal federal adjunto Devin Walker procesó el caso, que según el Departamento de Justicia se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa de una agencia nacional que se lanzó en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.